El Gobierno «lamenta» el retraso que sufrirá la tramitación de la futura ley de vivienda tras el rechazo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del informe sobre la norma, y asegura que llegará «pronto» al Parlamento «con todas las garantías y plena seguridad jurídica».
El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este viernes, por 15 votos a 6, rechazar la propuesta de informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda y elaborar un nuevo texto que debatirá el próximo 27 de enero.
La decisión del poder judicial retrasará, previsiblemente, hasta febrero la aprobación del anteproyecto por el Consejo de Ministros, que había anunciado que lo enviaría al Congreso el próximo martes, 18 de enero.
Fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han explicado a Efe que la ley «será una realidad que llegará pronto al Parlamento para su aprobación definitiva y que contará con todas las garantías y plena seguridad jurídica».
Añaden que «lamentan» el retraso en la tramitación de una norma «que garantiza derechos y que aporta soluciones a los importantes problemas habitacionales de muchos españoles».
Las fuentes del Gobierno señalan que el informe del CGPJ es un preceptivo pero no vinculante y que el ministerio lo solicitó porque la ley de vivienda modifica en tres artículos la ley de enjuiciamiento civil.
Transportes considera que es «urgente y necesaria» la aprobación de la que será la primera ley de vivienda de la democracia, que «hará efectivo el derecho a acceder a una vivienda digna y asequible».
Finalmente indica que en los trámites para su solicitud, el ministerio ha cumplido con todos los requisitos y plazos establecidos en la legislación vigente y añade que solicitó el informe el pasado 1 de diciembre, por trámite de urgencia, para que fuera emitido en el plazo de 15 días.
Tras el rechazo del texto presentado por el exdiputado del PSOE Álvaro Cuesta, los nuevos ponentes serán los vocales José Antonio Ballestero y Enrique Lucas, según ha informado el CGPJ.
Cuesta criticaba la falta de concreción de las reglas de intervención de los precios del mercado de alquiler incluidas en el anteproyecto, aunque avalaba su compatibilidad con el derecho a la propiedad.
La ley de vivienda es una de las «banderas» de Unidas Podemos, con medidas como la regulación de los alquileres en las zonas con mercados tensionados. Por ello, la formación ha mostrado su «preocupación por los retrasos injustificables» tras el rechazo del órgano de gobierno de los jueces.