El grupo de ERC en el Congreso ha decidido no apoyar la nueva ley de Memoria Democrática que ha presentado el Gobierno al considerar que se queda corta en el reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo, y ha presentado una enmienda a la totalidad con una norma alternativa.
De acuerdo con el texto registrado, la ley que plantean persigue «la recuperación de la memoria histórica de la II República y la dictadura franquista» y el reconocimiento a todas las personas, organizaciones y Estados que apoyaron la lucha por la democracia y contra la dictadura.
Consideran los republicanos catalanes que hasta ahora se ha optado por «el olvido y la ignorancia histórica» y que la memoria de lo que pasó durante la Guerra Civil y el franquismo «ha sido manipulada, silenciada, olvidada» o no estudiada y difundida como debería.
Entre los aspectos que plantea, exige la declaración de ilegalidad de los tribunales o jurados «ilegales» de la Guerra Civil que se constituyeron por motivos de ideología, así como de las sentencias que dictaron «por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa o de orientación e identidad sexual»
Y en este sentido, lamenta que la ley de memoria aprobada por el anterior gobierno socialista ni siquiera anulara sentencias como la del presidente de la Generalitat Lluís Companys.
Contempla también una indemnización de 135.000 euros a los descendientes de los fallecidos o desaparecidos en defensa de la democracia y pide que se reconozca la lucha por restaurar la libertad «de la guerrilla antifranquista» (conocidos como el maquis) y que sus familiares perciban también una indemnización.
ERC exige además que se invaliden todas las distinciones concedidas a personas ligadas al régimen de Franco y, por contra, pide «un plan de museización» de los lugares más significativos de la represión, como cárceles, campos de concentración o fosas comunes, lugares donde quedarán «absolutamente prohibidos» los actos de exaltación a la dictadura.
Aparte del Valle de los Caídos, quiere que se identifiquen tanto las dependencias de la Policía Nacional de la Vía Laietana de Barcelona como la antigua Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol en Madrid (actual sede del Gobierno madrileño) como centros de tortura y que alberguen un espacio de información sobre lo que allí ocurrió.
Otra cosa que reclaman es la restitución a la Generalitat y a otras instituciones catalanas, así como al Gobierno vasco y valenciano «todos los honores, bienes y documentos» incautados por el franquismo.
A las comunidades autónomas en general, pide que el Estado les devuelva los fondos destinados a indemnizar a los represaliados del franquismo.
Igualmente solicita un inventario de todos los bienes incautados por el régimen y su devolución, incluyendo el dinero confiscado y que se facilite el intercambio de papel moneda republicano (desde 1928 a 1939) por euros.
La enmienda a la totalidad de los republicanos catalanes prevé que el Estado se encargue de localizar las fosas comunes de los desaparecidos, con cargo a los Presupuestos, y la creación de bancos de ADN para identificarlos.
Que se reconozcan las responsabilidades del Estado en el uso de armamento químico en la guerra del Rif (Marruecos) es otra de las exigencias de ERC, así como el reconocimiento de las brigadas internacionales y de colectivos represaliados, entre ellos los gitanos o la comunidad LGTBi, y la incorporación de la memoria histórica al sistema educativo.
efe
