La Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación para conocer cómo se están repatriando a Marruecos a 800 menores desde Ceuta, una iniciativa que ha enfrentado a los socios de Gobierno español y que ha provocado la huida de medio centenar de chicos del pabellón en el que estaban alojados.
Ni la Fiscalía del Estado ni la de Ceuta conocen el plan de repatriación fijado entre España y Marruecos, según han informado a Efe fuentes judiciales, que han dicho que la única comunicación oficial recibida sobre esta iniciativa era muy genérica y en ningún momento se cifraba el número de menores a repatriar ni tampoco cuándo darían comienzo.
Tras cruzar la frontera hace casi tres meses ante la pasividad de las autoridades marroquíes, este sábado se ha devuelto al segundo grupo de quince menores, lo que se seguirá haciendo en los próximos días por orden del Ministerio del Interior.
Mientras tanto, más de medio centenar de menores se ha escapado del polideportivo Santa Amelia de Ceuta ante el temor a ser repatriados a Marruecos, y además se han registrado varios altercados en la instalación, lo que ha obligado a los agentes de la Policía Nacional a actuar para intentar restablecer el orden, han señalado fuentes policiales.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige la líder de Podemos, Ione Belarra, ha advertido en una carta remitida a Interior de que las devoluciones de menores de edad a Marruecos podrían suponer «un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España», lo que considera «muy grave».
La portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, por su parte, ha defendido que la estrategia migratoria del Gobierno es «muy valiente y muy progresista», y ha asegurado que las devoluciones de menores a Marruecos se realizan «con todas las condiciones y de manera garantista».
El secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago, uno de los cargos de Podemos en el Gobierno, ha criticado la devolución de los menores «sin protección familiar, hecha sin intervención de la Fiscalía, en contra del criterio del Defensor del Pueblo y sin existir protocolo de retorno».
Además, el Consejo General de la Abogacía ha exigido «el cese inmediato de las repatriaciones de menores sin garantías jurídicas» desde España a Marruecos, ya que duda de que se estén «cumpliendo estrictamente los convenios internacionales y el propio convenio bilateral» con el país vecino, y que se preserve el interés superior del menor.
Contra la repatriación también se han manifestado varias ONG, el Defensor del Pueblo, que ha pedido el cese inmediato de esta iniciativa, y la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, que califica como «ilegal» cualquier devolución colectiva de niños, niñas y adolescentes.
El Consejo de la Abogacía se opone a estas devoluciones porque considera que pueden no respetar las normas y los convenios internacionales, así como por dos sentencias del Tribunal Constitucional español, en todas las cuales se exige asegurar protección al menor y seguir cada caso individualmente.
Subraya que la ONG Save the Cildren había valorado a la mayoría de estos niños acogidos en Ceuta y «había constatado que muchos llegaron a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato».
La devolución de menores no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012 no se había activado.
El vicepresidente segundo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Carlos Rontomé, por su parte, ha asegurado que «se están trasladando a los menores que no son vulnerables» y ha enfatizado que los que sufren algún tipo de maltrato o acoso «no están dentro de este procedimiento».
EFE
