La crisis del Gobierno sobre el alcance de la reforma laboral que el Ministerio de Trabajo negocia desde hace meses con la patronal y los sindicatos se ha resuelto con la decisión interna de mantener la derogación de la reforma del PP de 2012 conforme a lo ya pactado en el acuerdo de coalición de 2019.
«Esté usted tranquila, porque el presidente Sánchez, la señora Calviño, el PSOE, Unidas Podemos y yo misma tenemos algo claro: vamos a acabar con los errores de la política laboral del PP y a mejorar la vida de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país», ha dicho la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz este martes en el pleno del Senado en respuesta a la senadora del PP María José Heredia.
La también ministra de Trabajo ha expresado su satisfacción por la ratificación de «cumplir con el acuerdo de Gobierno» en la reunión que ha mantenido este martes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño
En apariencia no se ha acordado nada que no estuviera previamente pactado, pero la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha justificado la reunión en la necesidad de poner en común las opiniones de las dos partes del Ejecutivo de cara «a la recta final» de una negociación que se tiene que cerrar antes de que acabe el año.
En un comunicado difundido tras la reunión, la Moncloa ha recalcado que el Gobierno «está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea (CE)».
Un comunicado que contrasta con las palabras pronunciadas por Sánchez el pasado domingo en Roma, donde señaló que ve necesario reconstruir «algunas cosas» de las que cree que se hicieron mal en la reforma aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, sin mencionar el término derogación que siempre emplean en sus discursos los representantes de Unidas Podemos.
Al respecto del uso de una u otra terminología, la ministra portavoz ha explicado que no era posible llevar a cabo una contrarreforma con la derogación de la anterior, porque la legislación debe ser sustituida.
Además, la Moncloa ha expresado tras la reunión que «sobre la base del trabajo realizado con los agentes sociales hasta el momento, el Gobierno busca, a través del diálogo social, un acuerdo con todas las partes justo y equilibrado», lo que incluye a los sindicatos y a la patronal, como pretende el PSOE.
«Esta voluntad es la mejor garantía de obtener una reforma duradera dentro del acuerdo establecido con la Comisión Europea en el Componente 23 del Plan de Recuperación», añade.
No obstante, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha recordado este martes que la patronal «no tiene derecho de veto» en la reforma laboral ni sobre ninguna otra ley.
La reunión ha tenido lugar después de que la semana pasada Sánchez dispusiera una nueva metodología para la negociación con los agentes sociales, que seguirá estando liderada por Trabajo, pero a la que se suman desde esta semana el Ministerio de Asuntos Económicos y la Seguridad Social.
El pacto de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos no especificaba si la derogación iba a ser completa, pero enumeraba con claridad prioridades como la recuperación de la vigencia de los convenios caducados (ultraactividad) o la vuelta a la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa.
Asimismo, se hablaba de limitar la subcontratación, la capacidad de la modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa y el descuelgue salarial, de simplificar el número de contratos, de favorecer el uso del contrato fijo discontinuo y de revisar las causas del despido, entre otras cosas.
Para el PP que se mantenga el compromiso de derogar la reforma de 2012 es «muy mala noticia para el mercado laboral, trabajadores y parados. No es lo que pide Europa para desbloquear los fondos de reconstrucción», según su portavoz de Economía, Elvira Rodríguez.
Y los agentes sociales, asisten perplejos a este cruce de declaraciones reclamando un único interlocutor en el Gobierno que sitúe en el centro de la mesa las cuestiones fundamentales de esta reforma.
Así, los sindicatos esperan a la reunión de la mesa de diálogo social del miércoles para ver en qué punto está un acuerdo que, a juicio de CCOO, debería incluir también la limitación en el acceso al despido.
Para UGT, es un acuerdo para conseguir reequilibrar la negociación colectiva, recuperar la prevalencia del convenio sectorial, la ultractividad y que disminuya la tasa de temporalidad debería ser tripartito, aunque sin dar derecho de veto a la patronal.
En la parte empresarial, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado en que no se trata de vetar sino de decir lo que no les gusta y ha rechazado de plano el planteamiento del Ministerio de Trabajo de limitar al 15 % la temporalidad en las empresas.
Efe
