La Fiscalía de Cataluña investiga la concesión de avales por parte del Institut Català de Finances (ICF) a una treintena de ex altos cargos de la Generalitat a quienes el Tribunal de Cuentas reclama 5,4 millones de fianza por la promoción del «procés» en el extranjero con dinero público.
En un decreto, la Fiscalía Superior de Cataluña acuerda abrir diligencias a raíz de la denuncia que presentó Cs, pero ordena investigar solo a la junta de gobierno del ICF, puesto que los miembros del Govern ya han sido denunciados en paralelo por Vox ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), dada su condición de aforados.
El ministerio público deberá posicionarse ante el TSJC sobre esa denuncia de Vox contra el vicepresidente Pere Aragonès y los consellers Jaume Giró y Laura Vilagrà, antes de que el alto tribunal decida si les abre una investigación.
Mientras tanto, la Fiscalía Superior ha remitido la denuncia a la Provincial de Barcelona para que practique diligencias encaminadas a aclarar si los miembros de la Junta de Gobierno del ICF cometieron algún delito en la concesión de los avales, dado que es a esta instancia a la que corresponde investigarlos por no ser aforados.
En su escrito, el fiscal Superior, Francisco Bañeres, no entra a valorar si ve delictiva la concesión del aval, pero recuerda que la ley obliga al ministerio público a abrir diligencias «cuando se reciba noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal».
Cs presentó la semana pasada su denuncia ante Fiscalía, al entender que el Govern cometió una «operación fraudulenta» con la creación del Fondo Complementario de Riesgos para avalar a los ex altos cargos encausados a través del Institut Català de Finances, lo que provocó la dimisión de tres miembros independientes de la junta de gobierno de la entidad.
El Tribunal de Cuentas duda de la legalidad de los avales, por lo que todavía no ha decidido si los acepta, a la espera del informe que ha requerido con urgencia a la Abogacía del Estado.
En su decreto, la Fiscalía Superior acuerda archivar la denuncia de Cs contra los miembros del Govern, argumentando que la ley le obliga a hacerlo cuando consta la existencia de un procedimiento judicial en marcha por los mismos hechos.
Se trata de la denuncia que Vox presentó contra el Govern ante el TSJC, a la que se suma otra interpuesta por Convivencia Cívica Catalana (CCC) que todavía no ha sido registrada.
Según fuentes jurídicas, el alto tribunal está a la espera de que la formación de extrema derecha corrija un defecto de forma en la denuncia que presentó, tras lo que designará a un magistrado ponente que preguntará a la Fiscalía si ve indicios de delito que motiven abrir una investigación contra Aragonès y los consellers.
Una vez se pronuncie el ministerio público, será la sala de admisiones del TSJC la que resuelva si abre investigación a los aforados.
EFE
