El Gobierno aprueba una Ley de Memoria que equipara España con Europa

El Consejo de Ministros ha aprobado la Ley de Memoria Democrática, una nueva norma que tiene a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura como eje de la «acción política» del Gobierno y que según el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, homologa la legislación española al del resto de países europeos.

En su primera intervención en una rueda de prensa tras la reunión del remodelado Gabinete de Pedro Sánchez, Bolaños ha puesto énfasis en que la nueva ley, heredera de la Ley de Memoria Histórica de 2007, cumple con los cuatro principios fundamentales que postulan los organismos internacionales en materia de memoria histórica: verdad, justicia, reparación y deber de memoria.

Para ello, contempla un amplio catálogo de medidas ya recogidas en el anteproyecto que recibió el visto bueno del Ejecutivo el 15 de septiembre y que «ha mejorado», según ha garantizado, tras recoger sugerencias procedentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del movimiento memorialista.

Ha citado el ministro las más significativas, entre ellas la obligación del Estado de acometer las labores para la recuperación de los restos de los desaparecidos, la extinción de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos para resignificar el enclave o la creación de una Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo para investigar los crímenes del franquismo.

Eso sí, ha apuntado que la activación de esta Fiscalía no quita las limitaciones que siguen vigentes respecto a la no retroactividad de las normas penales, al tiempo que ha confiado en que durante su tramitación parlamentaria la ley recabe el mayor apoyo posible.

Incluso ha asegurado que el Ejecutivo buscará la «unanimidad» porque entiende que «nadie» puede oponerse a que los familiares de las víctimas recuperen los restos de sus allegados y a una ley que solo quiere rendir homenaje a estas víctimas de la Guerra Civil y del franquismo.