Los magistrados del Tribunal Supremo que juzgaron la causa del ‘procés’ se han opuesto a conceder el indulto a los doce líderes independentistas catalanes condenados por sedición, malversación y desobediencia.
Con este rechazo la decisión queda en manos del Gobierno, que tiene previsto resolver este tema en verano tras analizar los dictámenes del Supremo y la Fiscalía, ambos negativos.
A juicio de los magistrados no se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que califican de injusta.
También agregan que las razones invocadas para respaldar la extinción total o parcial de la pena impuesta pierden cualquier justificación “cuando se presentan como presos políticos quienes han sido autores de una movilización encaminada a subvertir unilateralmente el orden constitucional, a voltear el funcionamiento ordinario de las instituciones y, en fin, a imponer la propia conciencia frente a las convicciones del resto de sus conciudadanos”.
El informe del presidente de la Sala, Manuel Marchena, revela que la pena sólo deja de ser necesaria cuando ha cumplido con la finalidad que legitima su imposición. Así, «la constatación del fracaso de los fines de prevención especial, apreciable sin necesidad de mayores esfuerzos argumentales, obliga a rechazar el indulto solicitado a favor de los condenados».
