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Madrid registra por error en la Audiencia su recurso a los fondos europeos

Ayuso erró el pasado 17 de diciembre al presentar el recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de los fondos europeos

El Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso erró el pasado 17 de diciembre al presentar el recurso contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el reparto de los fondos europeos, por el Real Decreto 902/2021, ya que presentaron un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional cuando era en el Tribunal Supremo.

Según han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda, se presentó primero el recurso en la Audiencia Nacional al considerar que era «el órgano judicial competente» y ya se ha remitido un escrito para solicitar la «derivación del recurso al Tribunal Supremo».

Indican este procedimiento ya que «no se puede presentar el mismo recurso en dos órganos judiciales distintos».

La intención del Gobierno de Madrid con este recurso es la anulación del primer reparto de 9 millones de euros de dichos fondos porque considera que han sido entregados «de manera arbitraria» por el Ministerio de Trabajo al País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana para subvenciones de empleo.

«El Gobierno ha estado distribuyendo los fondos europeos a quienes ha considerado al margen del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y sin procedimiento y con falta de transparencia», expresó el consejero de Economía y Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, quien denunció «un uso arbitrario de los fondos».

Estos 9 millones de euros son el primer reparto de los 70.000 millones de euros que recibirá España procedentes de la UE hasta 2023 y que, aunque «no es cantidad comparable con el resto de volumen», el Gobierno madrileño presenta este recurso ante el Supremo «para que no se produzca ningún uso arbitrario más de los fondos».

Por el momento, Madrid ha recibido 994,6 millones de euros de los fondos europeos, que supone el 10,4 % de lo que la región tiene asignado, que asciende a 2.215 millones de euros. Una cantidad que el Gobierno regional considera inferior a la que debería llegarle, si se tiene en cuenta la población y el Producto Interior Bruto (PIB).

Efe

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