La Fiscalía de Ginebra ha archivado la investigación que abrió en agosto de 2018 para determinar si hubo alguna ilegalidad en la donación de 65 millones de euros (100 millones de dólares) que el rey Juan Carlos recibió de Arabia Saudí por intermediar en la concesión de las obras del AVE a La Meca y que posteriormente regaló a su antigua amiga íntima Corinna Larsen.
Después de tres años de indagaciones, el fiscal Yves Bertossa señala, en un comunicado, que no es posible “establecer un vínculo suficiente” entre el dinero procedente de Arabia Saudí, ingresado por Juan Carlos I en una cuenta del banco Mirabaud en Ginebra de la fundación panameña Lucum, de la que era beneficiario, y la concesión de los contratos para construir en este país el tren de alta velocidad.
No obstante, Bertossa concluye que hubo “un deseo de encubrimiento» a la vista de la estructura financiera montada para la donación recibida en 2008 y la falta de documentación para justificar las transferencias.
La cuenta de Lucum se cerró en junio de 2012 y los 65 millones se transfirieron a una cuenta de una sociedad gestionada por Corinna en las Bahamas.
El cierre del caso en Suiza llega después de que el pasado día 2, la Fiscalía del Tribunal Supremo prorrogara hasta seis meses las diligencias abiertas contra el rey emérito en las tres investigaciones aún en marcha, una decisión que justificó en la necesidad de recibir una comisión rogatoria del país helvético antes de dar a conocer el dictamen.
Uno de los casos se centra en el presunto cobro de comisiones, el mismo que el archivado en Suiza; otro por donaciones no declaradas, sobre las que Juan Carlos I hizo dos regularizaciones fiscales por valor de unos cinco millones de euros, y una tercera por posible ocultación de fondos en paraísos fiscales.
El caso del llamado “AVE del desierto” se abrió después de conocerse en agosto de 2018 la conversación grabada tres años antes entre Corinna y el excomisario José Manuel Villarejo en las que se apuntaba el posible cobro ilegal de dinero por el contrato multimillonario adjudicado a un consorcio de empresas españolas.
Al no haber estado investigado directamente por el fiscal suizo, ni haber tenido que declarar ante él, Juan Carlos I no ha emitido ninguna opinión a través de sus abogados.
Sí lo ha hecho Corinna, para quien era “evidente” que iba a ser exonerada de “toda responsabilidad» en la investigación del fiscal, aunque advierte de que «los infractores no han sido investigados y se les ha dado tiempo para ocultar sus actividades y permanecen impunes», sin dar más detalles.
«Mi inocencia era evidente desde el principio y este episodio ha servido para dañar aún más mi imagen en el marco de la campaña continua de desprestigio contra mi persona por parte de ciertos intereses españoles», señala la ex amiga íntima del rey Juan Carlos en su comunicado.
La resolución del fiscal suizo ha generado reacciones en todos los partidos en torno al rey emérito, quien permanece en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, y la situación en la que queda a la espera de lo que determine la Fiscalía del Supremo.
El portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, se ha alegrado por el archivo del caso en Ginebra y ha considerado que «deberían pedir disculpas» quienes «se lanzaron» a perseguir a Juan Carlos I para, «de manera indirecta, perseguir y estigmatizar a la monarquía”.
«Soy de los que piensa que España le debe reconocimiento y gratitud por la labor extraordinaria que hizo durante la Transición. Hay que recordar que fue un rey que se despojó voluntariamente de los poderes que tenía atribuidos para posibilitar la transición a la democracia en la que felizmente vivimos», ha argumentado Almeida.
El PSOE ha sostenido que ha de ser la Justicia la que debe pedir las explicaciones pertinentes» al rey emérito, según el portavoz de su Ejecutiva Federal, Felipe Sicilia.
«Como en tantas otras resoluciones, respeto absoluto a lo que decidan las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía. Si el rey emérito tiene que volver o no a nuestro país, es una decisión que corresponde a él y a la Casa Real, no entramos a valorar», ha añadido Sicilia.
Desde Podemos, su portavoz, Pablo Fernández, ha criticado que alguien como Juan Carlos I, «salpicado» por estas ilegalidades, pueda estar en Abu Dabi sin dar explicaciones, y cree que si vuelve a España tiene que ser «única y exclusivamente» para rendir cuentas ante la Justicia y la ciudadanía.
Vox y Ciudadanos han expresado su respeto por la decisión de la Fiscalía de Ginebra y han recordado que Juan Carlos I es quien debe decidir si quiere volver a España.
«Es un ciudadano libre, no tiene ningún tipo de restricciones al movimiento ni a la circulación. No se han adoptado contra él medidas cautelares y creo que tampoco en Suiza», ha enfatizado el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal.
EFE
