El Gobierno ha ampliado el bono social a las puertas del invierno para ayudar a los consumidores más vulnerables, ha elevado el mínimo del bono social térmico para calefacción de 25 a 35 euros, y ha impuesto a las comercializadoras la obligación de comunicar con un mes de antelación cualquier cambio en el contrato.
Con las nuevas medidas aprobadas este martes en un real decreto-ley por el Consejo de Ministros, los consumidores vulnerables acogidos al bono social tendrán hasta el 31 de marzo un descuento en la factura (que tienen que hacer las eléctricas) del 60 % en lugar del 25 % habitual, y del 70 % en lugar del 40 %, si está considerado vulnerable severo.
Para abonar la ayuda para gastos de calefacción y agua caliente sanitaria que de manera excepcional se da este invierno, el Gobierno ha ampliado la cuantía mínima que se da por el bono social térmico (25 euros de una sola vez) a 35 euros, cantidad equivalente al coste de dos bombonas de butano.
Según el Gobierno, la cantidad media que se va a percibir por el bono térmico, que llega hasta 124 euros, será este invierno de 90 euros por familia.
La ampliación del bono social, descuento en la factura de la luz que tienen actualmente 1,2 millones de hogares, se hace ante la previsión de que los precios de la electricidad se mantendrán elevados hasta la primavera.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha indicado que con las medidas aprobadas este martes los consumidores con derecho al bono social quedan bien cubiertos, «incluso en estas circunstancias tan duras que viven este invierno», si bien ha reconocido que, al tener una tarifa indexada al precio del mercado mayoristas, son los que pueden sufrir una subida con respecto a la media que pagaron en 2018.
En el real decreto-ley se incluyen otras medidas, como la obligación de que las comercializadoras informen un mes antes de su intención de modificar un contrato (ahora pueden informar después de hacerlo pero no más tarde un periodo de facturación).
Otra de las obligaciones nuevas para las comercializadoras es la de remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluidas las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos.
La aprobación del real decreto-ley ha coincidido con la prórroga del denominado «escudo social» hasta el próximo 28 de febrero, con lo que los desahucios de inquilinos y los cortes de suministros básicos (agua, luz, gas) por impago siguen prohibidos hasta esa fecha.
Efe
