La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado con un total de 61,28 millones de euros a 12 empresas por un supuesto pacto y alteración de las licitaciones de servicios de conservación y explotación de carreteras convocadas por el Ministerio de Fomento desde 2014 a 2018
Las empresas sancionadas son: API (ACS) con 11,8 millones de euros, Matinsa (FCC) con 8,54 millones, mientras que Ferroser (Ferrovial) ha sido sancionada con 5,7 millones. La multa a la filial de Sacyr alcanza los 5,17 millones, mientras que Elsan (OHL) ha sido sancionada con 3,02 millones, Acciona Mantenimiento con 2,33 millones, y Audeca (Elecnor), con 2,6 millones.
Por su parte, la multa a Alvac asciende a 5,8 millones, la de Copasa alcanza los 5,6 millones, la de Elsamex supera los 4 millones y la de Innovia suma algo más de 3,3 millones de euros.
Aceinsa se ha beneficiado de una reducción del 50 % sobre el total de la multa impuesta, al haber aportado elementos de prueba y que han permitido a la CNMC detectar y acreditar la existencia del cártel, es decir que de su multa tendrá que abonar 1.605.648 euros.
Las empresas participantes se adjudicaron 71 licitaciones de un total de 101 que sacó el Ministerio de Fomento relacionadas con la prestación de servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado.
El importe total de las adjudicaciones a empresas del cártel superó los 530 millones de euros, lo que supone el 63% del importe total adjudicado por el Ministerio para los servicios de conservación de las Red de Carreteras del Estado.
Según explica la CNMC, el funcionamiento del cártel se desarrollaba a través de reuniones “para tomar café” y las empresas que formaban parte de ese cártel «establecían periódicamente los criterios de coordinación de las ofertas económicas a presentar en las licitaciones del Ministerio de Fomento para los servicios de conservación de carreteras de la Red de Carreteras del Estado».
La nota detalló que el cártel “agrupaba las diferentes licitaciones en grupos para los que se acordaban unos criterios comunes de presentación de ofertas económicas y asignaba una bolsa de puntos para cada grupo de licitaciones que se iban consumiendo por las empresas en función del nivel de descuentos sobre el presupuesto de contratación».
Según Competencia, cuanto mayor fueran las bajas que presentasen en sus respectivas ofertas económicas «más puntos se gastaban, aplicando una fórmula específicamente diseñada por el cártel para cada grupo de contratos».
El organismo regulador afirma que de este modo «se limitaba el número de contratos en los que las empresas presentaban descuentos altos en cada grupo de licitaciones, ya que el número de puntos de la bolsa nunca era suficiente como para tratar de conseguir todos los contratos de cada grupo».
